La moralidad de los nuevos partidos

Mucho se puede decir (y se ha dicho) sobre lo innecesario que parece crear partidos políticos en un país de desigualdades como lo es México y más aún, en condiciones como las del último trienio donde éstas han proliferado despiadadamente; pero, ¿hay alguna dualidad defendible teniendo puntos tan válidos en contra y una realidad que los confirma cada día con mayor intensidad? Yo creo que sí.

La realidad y la historia nos han enseñado que la teoría democrática y el constitucionalismo liberal, aunque en un primer momento pueden parecer ideas hasta antagónicas, combinadas resultan en la mejor fórmula posible.

Por un lado, conviene recordar que los primeros estados constitucionales no fueron precisamente estados democráticos sino autocracias liberales basadas sobre estructuras institucionales que adquirían cada vez más complejidad. En estas estructuras, las funciones básicas de un Estado se fueron dividiendo y especializando, quedando asignadas a brazos distintos de un mismo ente, y lo más importante; se fueron imponiendo contrapesos recíprocos.

Así se comenzaba a cristalizar la fórmula liberal: funciones diferenciadas (legislar, ejecutar y juzgar) que se encargaban a órganos separados con la finalidad de limitar a quienes ostentaban el poder para cuidar a las libertades de la población.

En la Declaración de los Derechos del Hombre y del Ciudadano de 1789 se dice con claridad, esa sociedad que no tenga garantía de los derechos asegurada ni poderes separados, no tiene Constitución. Es fundamental tener en mente que las constituciones liberales nacen con la misión de limitar el poder, no de distribuirlo.

Por otro lado, la teoría democrática sí tiene como cometido el distribuir el poder político entre los miembros de la comunidad; es su propósito volver a los ciudadanos coautores de las normas que los rigen y que los castigan cuando son desacatadas; la teoría democrática tiene como fin al autogobierno. Bajo esta tesitura, la limitación del poder llega a parecer hasta innecesaria. La teoría democrática, analizada a priori, no necesita de una Constitución.

Ahora bien, como adelanté en párrafos anteriores, estas dos teorías han tenido que aliarse en pro de la dignidad humana. La representación se impone como un requisito ineludible para el óptimo funcionamiento: los partidos políticos nacen para ser pieza imprescindible, puente mediador necesarísimo y clave del sistema que promete lo mejor de dos mundos. Hans Kelsen afirmó en el siglo XX que no podría existir democracia sin partidos y ha sido labor del tiempo darle la razón, labor con la que ha cumplido cabalmente.

Sin embargo, lo anterior sólo demuestra que los partidos políticos en una democracia constitucional son necesarios. Pero, ¿son necesarios tantos?

Ese cuestionamiento traslada el debate de un terreno teórico y académico a uno netamente moral y a los mexicanos nos plantea una pregunta fundamental; ¿cuántos partidos de los que el día de hoy conservan su registro en México han sido en realidad creados desde un impulso democrático?

Los «partidos satélite» atentan hostiles contra los fines que persigue el establecimiento de una democracia constitucional per se. Los líderes coludidos y sus prácticas antiéticas atentan contra la salud del sistema: la deshonestidad encuentra la manera de burlar los límites y lineamientos que pone la democracia constitucional a sus ciudadanos.

Sin embargo y paradójicamente, un factor que se mantiene latente en todas las relaciones humanas, sean de la naturaleza que sean, viene a salvar a la democracia con una inercia imparable: el peligro constante de roces entre militantes. Las fracturas, obedeciendo casi sin querer a la metáfora de Adam Smith, que poco (o mucho, tal vez) tiene que ver con las relaciones de poder, actúan como una mano invisible que corrige el rumbo de una democracia corrompida y la encaminan hacia un estadio que por mucho, se antoja preferible. Al final de cuentas, la democracia es más grande que cualquier persona; y los ideales de un partido, ineludiblemente, más longevos que cualquiera de sus militantes.

Empero, es preciso cuestionarse: ¿debemos como ciudadanos esperar a que un futuro, por naturaleza incierto, traiga la salvación de la democracia constitucional con roces entre los actores políticos deshonestos? En este caso, creo que no. Considero que es nuestro derecho gobernados y más aún, nuestra obligación como personas el luchar, por vías democráticas, justamente por la salvación de ésta.

La adhesión a un proyecto honesto y auténticamente democrático es una labor que hoy más que nunca resulta apremiante para los mexicanos. Convoco a que salvemos a la democracia tomándola en nuestras manos, reencaminádola a su sentido original. Hacer esto es tarea de todos.